Abogados & Asesores

Entradas etiquetadas como ‘abogado’

¿ Su vecino del campo le ha quitado metros de su parcela ?

¿Tiene problemas con su vecino por la linde de su terreno rústico?

Todo dueño de un terreno tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los terrenos colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños de las fincas que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes.

El deslinde es el acto formal para distinguir los límites de una propiedad, sin indicar quién es el propietario.

El amojonamiento sirve para plasmar físicamente los límites de la propiedad, es una operación posterior y consecuencia del deslinde.

Solicite información a nuestro abogado especialista  y solucione el problema de forma rápida, económica y sencilla.

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Reclame contra su Ayuntamiento si le ha ocasionado un daño.

¿RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL?

Cuando una persona física o jurídica causa un daño a otro ya sea intencionadamente, por error o simplemente por el desarrollo normal de la actividad que realiza o por los servicios públicos o privados que presta, nace una responsabilidad a cargo de quien ha causado ese daño, consistente en una obligación de reparación, de compensación económica, para tratar de devolver las cosas a su estado anterior a ese daño.

Esta obligación de reparación por los organismos e instituciones públicas se denomina responsabilidad patrimonial de la Administración, o más bien de las Administraciones Públicas.

Uno de los supuestos más cercanos a los ciudadanos en los que es posible reclamar a la Administración por los daños causados es en el caso de que se produzcan caídas por el mal estado de las aceras.

  • Es un derecho de los vecinos la prestación, y, en su caso, el establecimiento de los servicios mínimos municipales.
  • Es competencia de los municipios la pavimentación de las vías públicas urbanas, lo que responde a la necesidad de garantizar que el tránsito de vehículos y principalmente el tránsito de personas sea seguro.

No dude en consultar con su abogado especialista de Asesoralia Abogados & Asesores.

Consiga la nulidad de su matrimonio para casarse de nuevo por la Iglesia.

¿Se ha divorciado y quiere volver a contraer matrimonio por la iglesia?

Una vez obtenga el divorcio de su matrimonio, debe conseguir la nulidad matrimonial para poder casarse por la Iglesia.  No todos los abogados pueden obtener la nulidad matrimonial de sus clientes, dado que esta nulidad la otorga el Tribunal de la Rota, y para poder ejercer en dicho Tribunal es necesario estar acreditado como abogado rotal o canonista, con la obtención de un título que emite este organismo, cuya duración es de tres años.

Es por ello, si desea obtener la nulidad de su matrimonio, en Asesoralia Abogados contamos con un abogado rotal que podrá conseguir la nulidad de su matrimonio para así poder casarse de nuevo por la Iglesia.

Consulte sin compromiso y pida cita en nuestros despachos de Andújar, Jaén, o Sevilla.

¿Alguna vez has sufrido un despido? Este nuevo post puede resultar de tu interés.

¿Cómo actuar ante un despido improcedente?

 

Cuando un despido es declarado improcedente por un juzgado, se está reconociendo que los motivos del mismo no son suficientes para justificar esta decisión empresarial, aunque también puede deberse a fallos de forma.

Si estamos en este segundo caso, los errores formales podrán ser corregidos durante los siguientes veinte días desde que se hiciera el “despido”, ejecutando uno nuevo. No obstante, si hablamos del primera caso, surgirán dos posibilidades: readmisión o indemnización.

Antes de continuar analizando estas opciones, vale la pena aclarar que si el despido ha sido declarado improcedente por errores de forma y ya han pasado más de veinte días desde que se comunicara al trabajador, la empresa podría optar por la readmisión.

Tal y como hemos comentado, una vez que el despido sea declarado improcedente, se abren dos opciones entre las que generalmente deberá elegir el empresario. Aún así, es posible que hayas oído hablar de trabajadores que han podido elegir si desean ser indemnizados o readmitidos.

Esto es posible cuando estemos ante un representante sindical o un representante legal de los trabajadores, pero también si así se ha pactado en el contrato de trabajo u otros pactos que regulen la relación laboral. En otros casos, lo habitual es que sea nuestro jefe el que deba tomar una decisión durante los siguientes cinco días desde que se notifique la improcedencia.

Si en cinco días la empresa no manifestara su decisión ante la secretaría del Juzgado, se entenderá que se ha optado por la readmisión.

No cabe la opción de comunicar directamente la decisión al trabajador, así que deberá tramitarse mediante la secretaría del Juzgado de lo Social.

Si nos readmiten tendrán que abonarnos los salarios de tramitación y la empresa deberá tramitar el alta en la Seguridad Social a la fecha del despido improcedente, para que consten como periodo de ocupación efectiva.

Por último, puede resultar curioso aclarar lo que ocurriría si el empleado falleciera antes de que se reconociera la improcedencia del despido. En dicho caso solo se podrá realizar el pago de la indemnización al ser imposible el reingreso, como es obvio.

Los salarios de tramitación solo podrían pagarse desde la fecha del despido improcedente hasta la fecha del fallecimiento.

Si la empresa decidiera readmitirte, tendría que comunicar la fecha de reincorporación dentro de los siguientes diez días desde que la sentencia sea notificada. Esta tendrá que estar fechada durante los siguientes tres días desde que se nos de el escrito.

Si la empresa te comunica una fecha de reingreso inferior a los tres días desde que se te entrega la notificación, se considera nulo, así que no tendría efectos legales.

Si este es el caso, podríamos reincorporarnos una vez pasen los tres días desde la notificación, sin que podamos ser sancionados por el empresario por no haberlo hecho antes.

Si la empresa opta por el pago de la indemnización y la no readmisión, tendrá que abonarnos una cantidad correspondiente al tiempo que hemos trabajado para la empresa.

Como esta cuantía fue modificada por la Reforma Laboral de 2012, tendremos que tener en cuenta lo siguiente:

  • Si estábamos en la empresa desde antes del 11 de Febrero de 2012, se nos pagarán 45 días por año trabajo hasta dicha fecha
  • Desde el 12 de Febrero de 2012 se computarán 33 días por año trabajado, hasta la fecha del despido

La grabación de una conversación como medio de prueba

¿Sería legal la grabación de una conversación como medio de prueba, si se ha efectuado de manera oculta?

 

La mayoría de las veces en las que se ha presentado una grabación de una conversación como medio de prueba, sobre todo en vía penal, para demostrar que el acusado cometió el delito por el que se le acusa, la defensa del imputado ha alegado que se ha conseguido dicha prueba de forma ilegal y que por tanto no sea tenida en cuenta la grabación como prueba en contra del inculpado. Posiblemente además, el Abogado defensor alegue en defensa de sus pretensiones que se habrá operado con engaño, y, al utilizar como prueba las manifestaciones de aquel obtenidas de ese modo subrepticio, se vulneraría su derecho al silencio del imputado, con vulneración del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución y, evidentemente infracción del citado artículo 18.3 del mismo Texto legal.

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Pues bien, al respecto es doctrina consolidada del Tribunal Supremo (valga entre otras la de fecha reciente, 19 de abril de 2013) la que considera que aunque la grabación se haya realizado sin autorización del interlocutor, y por tanto se grabó ocultándoselo y sin ser advertido de ello, tiene validez como medio de prueba.

Las razones que se argumentan de forma general para considerar la grabación de una conversación como medio de prueba válido y eficaz, son a modo de reseña las siguientes:

1ª.-  Dicha grabación no produce ninguna afectación del derecho al secreto del art. 18.3 Constitución Española, ya que no hay interferencia de alguna de las comunicaciones técnicamente habidas del acusado, por parte de un tercero ajeno a las mismas.

2ª.-  La grabación supone el simple registro de una conversación presencial por quien tenía acceso legítimo a lo hablado.

3ª.-  Se trataría de una conversación en la que la persona que la ha grabado ha participado, y que por pertenecer ya al secreto, el mismo podría hablar, difundiéndolo, con idéntica legitimidad jurídica en cualquier otro contexto.

4ª.-  No cabe entender producida la supuesta vulneración del derecho a no “declarar contra sí mismo” ni “a declarase culpable“, art. 24,2 Constitución , porque este solo juega en las relaciones directas con autoridades como la judicial o la policial, donde la cautela representada por el derecho a guardar silencio busca preservar, frente a la acción de aquellas, la integridad moral de quien está siendo objeto de indagación procesal-penal.

5ª.- Concluye la STS 19 abril 2013, declarando que si lo grabado fueron manifestaciones del posteriormente acusado, en un ámbito extra-procesalprestadas voluntariamente y sin haber sido forzado ni obligado a prestarla, la grabación será tenida en cuenta como medio de prueba.